Marcelo Javier Neira Navarro
La participación ciudadana en escala histórica, digamos, en la larga duración, es muy reciente. Comienza verdaderamente a fines del siglo XIX. Se incrementa durante los primeros años del siglo XX y se extiende y amplía a mediados del mismo por todo el mundo. En general, hoy se proyecta como uno de los más importantes fenómenos sociales, obteniendo verdaderos frutos en materia de participación propiamente tal y también sobre el control del ejercicio del poder mismo.
Existen dos vertientes explicativas que reconocen el origen y desarrollo de la participación como un fenómeno social. La primera, es aquella que cree que las estructuras de poder, los gobiernos, los partidos políticos habrían permitido su existencia y desarrollo. Bajo esta se entiende que la participación es moldeada por el poder político, con el objeto que los grupos de ciudadanos organizados puedan formular sus propias ideas y así participar del poder. En verdad, es un proceso de “corporativización”, dado que los grupos y las personas tienen que conformar corporaciones, fundaciones, junta de vecinos, comités de alguna cosa. Además, se advierte una suerte de profesionalización. Después de formalizar cualquier organización, se requiere que las ideas de los líderes del grupo y el grupo mismo, deben convertirse en gestores de proyectos. Mientras que la otra tendencia, antagónica a la anterior, entiende la participación como un fenómeno histórico social surgido de la crítica a la institucionalidad, principalmente hacia los partidos políticos y se desarrolla al margen de ellos. Se inicia y consolida a partir de los movimientos de los años 68 en adelante, aunque igualmente debe entrar en la lógica de proyectos.
La formulación de proyectos, es una verdadera cultura organizacional. Se ha instalado en todo el mundo desde la década de 1980. Una lógica y una metodología de trabajo moderna que, del ámbito privado pasó al público. Funciona sometiendo las ideas de “solución a problemas” a procesos estandarizados básicamente por medio de formularios, objetivos, variables e indicadores, cronograma, estados de avance, informes parciales y finales, tutorías y auditorías. Es la “teoría de sistema” con “imput”, distintos procesos, “output” expresamente definidos y “chek list”.
Para entrar al paradigma de proyectos, la organización ciudadana debe acreditarse, cumpliendo con criterios de antigüedad, número de miembros o procesos democráticos en la elección de sus representantes, entre otros. Esta acreditación se realiza ante organismos del Estado o a través de los municipios. Permite a la organización participar en una variedad de mecanismos de financiamientos, preferentemente de fondos concursables. En la práctica, sin embargo, se observan a lo menos cuatro brechas en donde la realidad supera ampliamente a la teoría. Todas se relacionan al alcance del sistema y la efectividad para evitar fraudes. En la primera, siempre quedan dudas respecto del verdadero nivel de participación. En la segunda, si la acreditación en el sistema estatal es efectiva para el seguimiento y fiscalización de los presupuestos. La tercera, referida al respeto por la equidad en el proceso de distribución de recursos al margen de lógicas partidistas, evitando el “trato directo”. Y la cuarta, la peor, en el marco del principio de aplicar mismas reglas para todos, emerge la brecha entre la amplia masa de la población y ciertos sectores de la clase política que siempre intentan vulnerar esas mismas reglas.
