Marcelo Javier Neira Navarro
Profesor de Historia
El concepto de patrimonio cultural ha seguido una evolución histórica en tres fases. En la primera de ellas, digamos entre el siglo XV hasta mediados del XX, en el marco de construcción de los Estados nacionales, el patrimonio fue entendido como todo lo necesario que debía otorgar identidad dentro de los límites del Estado. Las elites políticas considerando la enorme maquinaria política estatal, impulsaron un “patrimonio” que buscó construir una identidad nacional única, al amparo del orgullo de la patria, héroes, batallas y las administraciones y líderes políticos y religiosos, en lo que nos toca, católicos. Fue un patrimonio dirigido. Como fenómeno impuesto, los “ciudadanos” que eran ya pocos, tampoco participaban activamente y solo tenían que asimilar este patrimonio.
En una segunda fase, siempre dentro de una cultura unitaria dirigida centralmente, la idea de patrimonio transitó a una concepción material, digamos, monumentaria, arquitectónica y un conjunto de elementos de valor artístico, histórico y cultural que debía ser protegido y conservado. En pleno siglo XX, fue una necesidad que emerge del horror destructivo de las guerras mundiales. Producto de esto mismo, pero un poco más tardíamente, la idea patrimonial se amplió a lo natural, digamos, también a lo paisajístico, seguramente cuando apareció la necesidad conservacionista, pasada la mitad del siglo XX y derivada también de la sobreexplotación o destrucción del medio natural.
En la actualidad, ya no es la maquinaria política de un Estado o de un gobierno el que impone aspectos patrimoniales en el marco de una supuesta “identidad nacional”. Sigue habiendo intentos, como el que despliega la UNESCO que sigue dando indicaciones a los Estados y gobiernos de turno. Pero ahora, todo es un marco flexible.
Es razonable pensar que, en Chile, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio era algo necesario. Pero también es cierto que este tipo de institucionalidad se ha ido quedando atrás y solo aparece ofreciendo una gama de posibilidades. La otra parte y en forma creciente, corre por cuenta de las autoridades locales y grupos organizados. Los municipios, junto a la ciudadanía comienzan a actuar decididamente poniendo en valor objetos, usos y costumbres. De este modo, los ciudadanos organizados y empoderados practican el acto de elegir. Es un acto de apropiación social del patrimonio. Es un acto de practicar democracia, en el marco de una búsqueda de sentido en donde ellos mismos construyen y reconstruyen su identidad. El patrimonio no puede sino estar vinculado al territorio y a la comunidad que lo habita, lo vive y lo siente.